El aumento de los precios mundiales del petróleo ejerce una presión creciente sobre el Caribe, una región que contribuye muy poco a la producción de combustibles fósiles pero que sufre consecuencias desproporcionadas. El Caribe es un productor menor de petróleo y gas, con solo dos países que extraen activamente estos recursos, pero si bien producimos la menor cantidad, experimentamos algunos de los impactos más severos tanto de la crisis climática derivada de los combustibles fósiles como de la inestabilidad política global que impulsa la volatilidad de los precios. A pesar de contar con un abundante potencial de energía renovable, la región sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles para la generación de electricidad y el transporte. Esta dependencia tiene profundas raíces en una historia de colonización que introdujo compañías de combustibles fósiles en los países, desmanteló los sistemas agrícolas locales y creó una dependencia estructural de los alimentos importados. A medida que aumentan los precios del petróleo, también lo hacen los costos de transporte y producción, encareciendo los bienes básicos y exponiendo aún más la vulnerabilidad económica de la región.

El caso de Puerto Rico
En Puerto Rico, estos desafíos son aún más acuciantes. La isla ya enfrenta precios de alimentos extremadamente altos debido a su dependencia de la importación de aproximadamente el 85% de sus alimentos, además de las restricciones de la Ley Jones, que exige que las mercancías se transporten en barcos estadounidenses, que suelen ser más caros. Esta carga es especialmente grave en un contexto donde alrededor del 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza federal de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Puerto Rico depende en gran medida de los automóviles debido a la limitada infraestructura y los escasos servicios de transporte público. A medida que aumentan los precios del petróleo, sube el precio de la gasolina, lo que ejerce una presión adicional sobre los hogares que ya destinan una parte significativa de sus ingresos a los pagos del automóvil y al combustible. Para muchos, esto crea un círculo vicioso insostenible, ya que necesitan gastar más en gasolina solo para ir a trabajar y así poder costear el propio transporte.

La situación se traduce en miles de familias que luchan por pagar las necesidades básicas de transporte y alimentación, sufriendo estrés y preocupación, y pidiendo ayuda a un gobierno local que, lamentablemente, considera las energías renovables como último recurso.

El caso de Cuba

El aumento global de los precios del petróleo ha agravado la ya crítica crisis energética de Cuba, donde la dependencia del combustible importado implica que cualquier fluctuación internacional tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. La escasez de combustible ha disparado los precios, alcanzando la gasolina precios inasequibles, y ha provocado apagones prolongados y frecuentes que paralizan servicios básicos como la salud, la educación y el transporte, afectando profundamente la economía y el bienestar de la población.

La dependencia histórica de países como Venezuela ha dejado a Cuba particularmente vulnerable a los cambios políticos y económicos externos. Como resultado, el país enfrenta una especie de parálisis social: calles vacías, actividad económica estancada y una sensación generalizada de incertidumbre. El aumento del precio del petróleo no solo incrementa el costo de vida, sino que también pone de relieve la urgente necesidad de una transición hacia fuentes de energía más estables y sostenibles que reduzcan esta vulnerabilidad estructural.

El caso de la República Dominicana

El aumento global de los precios del petróleo está teniendo un impacto directo en la República Dominicana, que genera el 25% de su electricidad con energías renovables, pero depende al 100% del combustible importado para todo lo demás. Esta vulnerabilidad ha obligado al gobierno a implementar subsidios sustanciales para contener los precios internos, destinando millones de dólares semana tras semana para evitar un fuerte aumento del costo de vida. Sin embargo, los expertos advierten que esta estrategia, si bien es útil a corto plazo, no es sostenible, ya que incrementa el gasto público, distorsiona el consumo de energía y pospone ajustes inevitables.

Mientras tanto, los efectos de esta crisis ya se sienten en la economía real. Sectores clave que emplean a miles de personas, como la construcción, enfrentan graves dificultades, y las pequeñas empresas, en particular, corren el riesgo de desaparecer debido al aumento del precio de los combustibles y la falta de apoyo directo. Esta situación no solo amenaza empleos y proyectos de infraestructura, sino que también pone de manifiesto cómo la dependencia de los combustibles fósiles expone al país a perturbaciones externas. En este contexto, el aumento del precio del petróleo no solo incrementa los costos operativos y de transporte, sino que también profundiza los desequilibrios económicos, lo que subraya la urgencia de avanzar hacia un modelo energético más diversificado y resiliente.

 

En estos tres contextos, emerge una realidad común: la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema económico, sino una amenaza estructural para la vida de las personas. Los riesgos son demasiados, incluyendo los problemas con la extracción que perjudican a las comunidades, el cambio climático que intensifica los desastres y los intereses y conflictos extranjeros que provocan aumentos drásticos de precios. Este modelo económico deja al Caribe vulnerable y sin control sobre su futuro. Lograr la justicia energética significa transitar hacia sistemas de energía distribuidos, asequibles y limpios, liderados localmente por las comunidades. Al invertir en energía renovable, se puede lograr una mayor justicia energética.